Tras la COP25 presidida por Chile en España, ha ganado mayor visibilidad el Acuerdo de París que establece la dirección de los esfuerzos internacionales para mitigar los riesgos de un cambio climático grave, y su Artículo 6, el cual ve en los mercados de carbono una oportunidad para mitigar los riesgos del cambio climático, a través de la creación de un mercado internacional de emisiones, que permite abatir gases donde sea más costo eficiente, siendo una guía para políticas públicas y decisiones de inversión.
Según el Banco Mundial, el financiamiento climático y los mercados de carbono podrían reducir los costos de cumplimiento de los compromisos internacionales en $115 billones de dólares al 2030 y de $1.9 trillones de dólares al 2050. Asimismo, un estudio de la Asociación Internacional de Comercio de Emisiones (IETA) enfatiza que las reducciones de emisiones más costo efectivas solo se darán si las partes aplican enfoques cooperativos en virtud del Artículo 6, dejando en claro que todos los países lograrán más por menos si actuaran juntos. De este modo se equilibra la carga global y se minimizan los impactos económicos y sociales de la transición baja en carbono que es requerida con urgencia.
La aplicación de los mecanismos del Artículo 6 permitirá acelerar la acción climática al financiar soluciones tecnológicas innovadoras, canalizando así su madurez de mercado y escalando beneficios globales que van más allá del proyecto financiado.
Sin embargo, la falta de acuerdo en la COP25 para definir las reglas que operacionalizan el Artículo 6 no significa el fin para este tipo de instrumentos. Si bien es necesario tener las reglas para que los resultados de las mitigaciones asociadas a las Contribuciones Nacionales Determinadas de cada país puedan ser comercializados internacionalmente, se sigue avanzando en el diseño y experimentación de fórmulas costo-efectivas en el marco de mercados voluntarios y regulados, a nivel doméstico, bilateral, regional o internacional.
Esto no solo presenta un desafío político, sino también práctico, ya que los sistemas nacionales de fijación de precios del carbono tienen una logística, marcos regulatorios, requisitos legislativos nacionales y diferentes plataformas institucionales. Por esto es importante para Chile que la Ley Marco de Cambio Climático establezca las bases para habilitar un futuro mercado de carbono a cualquier nivel y así tener la puerta abierta al uso de estos mecanismos costo-efectivos para la ambición climática.
De esta forma, en Chile el Programa de Energía de GIZ financiado por el Ministerio de Medio Ambiente de Alemania y junto al Ministerio de Energía llevan adelante un proyecto que busca apoyar y complementar los esfuerzos del Gobierno en el desarrollo de instrumentos de precio al carbono para contribuir a la mitigación de gases de efecto invernadero.
Nuestro rol como cooperación internacional es contribuir a que los países tengan las capacidades para poder hacer uso provechoso y transparente de los mercados en pos de sus compromisos internacionales, en línea con las estrategias de desarrollo que se quieran impulsar, y seguiremos trabajando para que los mercados de carbono sean una realidad que ayude a luchar contra el cambio climático.
Marlen Görner es ingeniera civil industrial con mención en energía y trabaja desde hace ocho años para la GIZ, actualmente como Asesora Internacional en Mercados de Carbono y Energías Renovables. Es encargada de la componente en Chile del Proyecto Global Carbon Market, y forma parte del proyecto de Descarbonización del Sector Energía de Chile, trabajando directamente con el Ministerio de Energía.
Fuente: Reporte Sostenible
