Un menor consumo energético por US$3.500 millones a 2035, y un mercado que transaría US$300 millones al año, son las estimaciones que se prevén con el nuevo marco regulatorio propuesto por el Gobierno en este tema, el cual es apoyado por el sector privado.

Un mercado que en régimen transaría cerca de US$300 millones anuales, donde se obtengan ahorros en el consumo de energía en torno a los US$3.500 millones a 2035, son los principales resultados que se estiman en materia de eficiencia energética (EE), los cuales están contemplados en el proyecto de ley que se encuentra en el Congreso, donde se busca que el país cuente con un marco institucional en este tema.

Esto se suma a otro hito relevante: sentar condiciones concretas para un cambio cultural en eficiencia energética como parte de los procesos productivos, en vez de aumentar las cargas administrativas para el consumo energético de las empresas, según coinciden en señalar a ELECTRICIDAD los actores y especialistas en este ámbito.
La iniciativa legal tiene como objetivo incentivar el “uso racional y eficiente de los recursos energéticos”, además de disminuir sus costos y consumo, “mejorando así la seguridad energética del país y contribuyendo a la competitividad de la economía nacional y, en definitiva, al desarrollo sostenible de nuestro país” (ver recuadro Principales ejes del proyecto de ley).

Relevancia
La ministra de Energía, Susana Jiménez, explica que este proyecto de ley, “busca promover la eficiencia energética en los grandes consumidores, como la industria y la minería, a los cuales se les estaría exigiendo un sistema de gestión de energía que contiene elementos que incentivan la eficiencia energética en el sector público”.

Esto también es destacado por Ignacio Santelices, director ejecutivo de la Agencia de Sostenibilidad Energética: “Se establece que la implementación y mantención de un Sistema de Gestión de Energía que cumpla lo que establezca el reglamento de la ISO 50001 permite cumplir los requerimientos de la ley, pero lo importante es que las empresas vean a los sistemas de gestión de energía como una oportunidad de generar un verdadero cambio cultural al interior de sus instituciones y de sacarle el máximo de partido a este sistema”.

“Si las empresas ven esto como un trámite más, por supuesto que no va a generar buenos resultados. Por eso es que la ley trata de reducir al mínimo posible toda la burocracia asociada a esto, buscando que la implementación de un sistema de gestión sea una oportunidad atractiva para las empresas”, precisa Santelices.

Según el ejecutivo, el proyecto entrega flexibilidad “para adaptarse a la realidad de cada empresa. Ciertamente un sistema de gestión de energía en una empresa minera no tiene que ser igual que en una empresa del retail, y por eso la idea es permitir esto a partir de lineamientos claros que entreguen flexibilidades”.

El argumento es compartido por Rubén Sánchez, director ejecutivo de la Asociación de Consumidores de Energía No Regulados (Acenor A.G.), por cuanto “el proyecto está bien planteado en el sentido de no generar cargos directos obligatorios, sino propender a que los proyectos de eficiencia energética se auto financien en base a su bondad técnico-económica para las empresas, y no porque se fuerce a cumplir determinadas metas o acciones en este tema, con el riesgo de que ello vaya en contra de la productividad y/o competitividad de las propias empresas”.

El ejecutivo afirma que Acenor apoya que los sistemas de gestión de energía se planteen en el proyecto como una alternativa, “porque la experiencia de algunas empresas, asociadas con normas como la ISO 50001, nos ha enseñado que es disímil, ya que para algunas estos sistemas han añadido valor, pero otras han visto que el costo en trámites administrativos supera los beneficios de una mejor gestión de la energía, por lo que estimamos que esta política pública debiera llegar hasta la obligación de implementar un sistema de gestión y reportar los avances, porque eso es lo que permitirá generar un bien público valioso para las empresas y el Estado”.

“Además, el Ministerio de Energía no generó un proyecto que colmara de carga administrativa a las empresas y de control regulatorio, pues lo que se busca más bien es generar un cambio cultural, tratando que las cosas fluyan lo más naturalmente posible, por lo que estimo que el mismo no generará un gran aumento de costos para nuestros asociados, todos muy electro intensivos, al menos para los que disponen ya de un sistema de gestión de energía formal”, precisa el representante de los principales clientes libres.

El cambio cultural es resaltado por Mónica Gazmuri, gerenta general de la Asociación Nacional de Empresas de Eficiencia Energética (Anesco Chile), para quien el mayor efecto que tiene la iniciativa legal es la “difusión y creación de cultura de eficiencia energética desde y en los grandes consumidores. Si antes había alguna gestión voluntaria, ahora será Ley y, hacer público lo que estos hacen, de alguna manera promoverá la eficiencia, si muestran sus resultados”.

El contar con un marco regulatorio, a juicio de la ejecutiva, permitirá que las empresas de servicios en torno a las EE contribuyan a fortalecer este tema. “Quienes atendemos estas necesidades estamos preparándonos para emitir certificados blancos o certificados de implementación de EE. Esto requerirá de un sistema claro, simple, de fácil trazabilidad y que permita a las empresas expertas poder trabajar más internacionalmente”.

Ahorros
Un punto fundamental en el proyecto es el propósito de generar un menor consumo energético de 5,5% a 2030 y de 7% a 2035, lo que equivale a cerca de US$2.400 y US$3.500 millones, respectivamente, de acuerdo a lo indicado en la iniciativa que está en el Congreso.

Al respecto, Ignacio Santelices afirma que “esperamos que esa cifra se alcance cuando la Ley esté en régimen durante un periodo de tiempo, es por ello que lo proyectamos para 15 años más”.

En este momento tenemos 27 empresas con Sistemas de Gestión de Energía que están ahorrando 4,5% de energía al año, lo que en conjunto se traduce en unos US$90 millones. Un 60% de esa cifra es generada por tres empresas energointensivas, y tenemos en el país unas 150 empresas que son tanto o más energointensivas que estas, por lo tanto hay un gran espacio para avanzar, además de los ahorros en consumo de combustibles para transportes y en los hogares para calefacción”.

Paz Araya, investigadora del Centro de Energía de la Universidad de Chile, señala que estos resultados se podrían alcanzar, “en la medida que la ley se respalde por una institucionalidad adecuada, un plan de acción con metas y medidas concretas en los principales sectores de consumo energético; si se concretan estos puntos de la ley, los ahorros podrán incluso superar los indicados”.

En esta línea, la ministra Susana Jiménez, precisa que el proyecto de ley incorpora la institucionalización, ya que se busca “relevar toda la materia de eficiencia energética a nivel de Gobierno, como política pública, por lo que se establece que se realice un plan quinquenal que sea aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad”.

A juicio de Paz Araya, en el país existe “un espacio de acción sumamente amplio para el ahorro de energía”, debido a que las políticas de eficiencia energética tienen un menor tiempo de desarrollo, comparado con otros países más industrializados.

En esto coincide Claudio Huepe, coordinador del Centro de Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad Diego Portales: “Chile no es tan ineficiente energéticamente, lo que tiene que ver con el crecimiento económico de los últimos 30 años y la incorporación de equipamiento moderno a los sectores productivos, así que el país no está en una situación tan desmedrada. Históricamente, hemos tenidos los costos a precio real y no subsidiado, como en otros países, por lo que desde el punto de vista económico ha existido siempre un incentivo a ser eficiente energéticamente, como sucede con la minería”.

En Anesco Chile estiman que esta proyección se puede cumplir, lo que dependerá de dar seguimiento a los planes y calidad de los proyectos desarrollados. “Si se cuenta con servicios profesionales, acreditados y serios, es muy alcanzable y si hay mayor compromiso de las empresas incluidas en el proyecto y en general de las que están fuera, posiblemente se consiga más. Esto dependerá en gran parte de la velocidad con que todos incorporen este cambio de cultura”, sostiene Mónica Gazmuri.

Modelo Esco
Junto a las estimaciones de menor consumo energético, el proyecto también prevé crear un mercado en torno a la eficiencia energética que sea capaz de transar US$300 millones anuales, lo cual –según Ignacio Santelices− se materializaría “en la medida en que los grandes consumidores comiencen a trabajar más decididamente en eficiencia energética; que la Agencia desarrolle e implemente líneas de fomento para la industria, y que el Estado contrate mejoras de infraestructura pública vía modelo de las Compañías de Servicios Energéticos (Esco por su sigla en inglés)”.

En este sector concuerdan con este análisis. Héctor Arellano, gerente comercial de Efizity (empresa asociada a Anesco Chile) sostiene que en este ámbito “se deberían poner las fichas del desarrollo del mercado, aunque el proyecto de ley no hace muchas indicaciones de metas asociadas al uso del modelo Esco en el sector público para realizar inversiones, por lo que esto es algo que se puede mejorar en la discusión respecto a la metodología a utilizar, especialmente al implementar sistemas de gestión con este modelo para impulsar proyectos de ahorro de eficiencia energética”.

Según Mónica Gazmuri, en Anesco Chile estiman que lo que vendrá con el modelo Esco es parte de los desafíos en eficiencia energética, particularmente en lo que respecta a “poder resolver el pago del sector público a las empresas de servicios, cuando tenemos en la Ruta Energética el desafío de hacer 100 Esco en el sector público. Muchas veces desmotiva a empresas de nuestro sector a invertir en ellos, pese a las oportunidades de EE que tienen, por pago o poca claridad en sus licitaciones, especialmente en municipios”.

Desafíos
Paralelamente al avance legislativo del proyecto de ley, los actores y especialistas indican que los principales retos en eficiencia energética se concentran en los sectores productivos de menor tamaño. Rubén Sánchez dice que, en el ámbito de los clientes libres de energía, la iniciativa legal “transversalmente sí podría registrar ahorros dentro del sector público y en pequeñas industrias, comercio y espacios residenciales, donde entendemos que la implementación de medidas de eficiencia no ha respondido a una acción espontánea de las empresas”.

En opinión de Mónica Gazmuri, “faltan herramientas o incentivos para el desarrollo de la industria que no está tocada en el proyecto, como las pequeñas empresas, las cuales requerirán de orientación y experiencia para sacar sus iniciativas adelante, lo que requerirá de un gran esfuerzo de nuestra industria por subirlos al carro de la eficiencia, por lo que le hemos dicho a la ministra de Energía que podemos trabajar en un programa público-privado al respecto”.

Lo mismo piensa Héctor Arellano, quien advierte que los sectores que tendrán mayores dificultades en avanzar hacia la eficiencia energética “son aquellos que no encuentran prioritaria la implementación de sistemas de gestión de energía, pues no son grandes consumidores energéticos, como el sector comercial, donde no se tiene al consumo energético como el primer ítem dentro de sus costos operacionales, por lo que no tienen los incentivos de los sectores energointensivos, como la minería y la celulosa, que están más preocupados de desarrollar los proyectos de ahorro de energía”.

Para Claudio Huepe también es necesario que el proyecto se enfoque en sistemas de gestión de energía más allá de los grandes consumidores, “por lo que para avanzar se requiere más exigencias e incentivos a las pequeñas empresas”.

Eso sí, Marco Céspedes, asesor técnico senior de Cogeneración en la Industria y el Comercio del Programa de Energías Renovable y Eficiencia Energética de GIZ, afirma que la implementación de la eficiencia energética en la pequeña y mediana empresa “es compleja debido a su fragmentación y la variedad de sus realidades productivas y de consumo”.

El especialista menciona que otro reto clave en este tema es la calificación laboral. “Para avanzar en el uso eficiente de la energía y los recursos energéticos, Chile necesitará de personal técnico capacitado en nuevas y tecnologías alternativas”.

La conclusión de los especialistas es que la eficiencia energética, una vez que cuenta con el marco regulatorio vigente, se centrará en el acceso tecnológico, “tanto en sus versiones más clásicas, como de tipo productivo, como el uso y procesamiento de información. Adicionalmente, al nivel de toma de decisiones, el país requerirá de ejecutivos con mayor inclinación a la innovación y con miradas integrales de sus organizaciones”, plantea Céspedes.
Héctor Arellano respalda esta mirada, concluyendo que el desarrollo tecnológico, “independientemente del marco regulatorio que tengamos, apuntará a la trasformación digital en la gestión de la energía, como el uso de data mining, análisis de datos y control automático. Es ahí donde está el futuro en este tema”.

Conclusiones
El proyecto de ley de eficiencia energética es el eje central de la discusión en Chile sobre este tema, donde se buscan lograr menores consumos, de hasta US$3.500 millones a 2035, y un mercado que transe US$300 millones anuales.
En el sector privado valoran el impacto que tendrá esta iniciativa energética con las medidas que se incluyen para grandes consumidores de energía, viviendas, transporte y en el sector residencial.
Los especialistas esperan que también se avance en el sector de las pequeñas y medianas empresas, donde hay desafíos importantes.
Recuadro 1
Principales ejes del proyecto de ley
Los elementos de la iniciativa que crea un marco regulatorio en eficiencia energética son:
• Institucionalizar la eficiencia energética en el marco del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.
• Promover la gestión de la energía en los grandes consumidores.
• Entregar información a los compradores de viviendas, respecto de los requerimientos energéticos en el uso de estas.
• Promover la gestión de energía en el sector público.
• Velar por las condiciones que faciliten la instalación y operación de estaciones de carga para vehículos eléctricos.
• Promover la renovación del parque vehicular con vehículos más eficientes, con énfasis en aquellos de propulsión eléctrica.

Recuadro 
La visión del Consejo Minero
La minería representa el 29% de la demanda de energía nacional, por lo que es uno de los grandes consumidores que se reconocen dentro del proyecto de ley de eficiencia energética.

En la iniciativa se contempla que todas las empresas con consumo energético por sobre las 50 teracalorías (Tcal) anuales deberán reportar estos datos al Ministerio de Energía, razón por la cual en esta industria miran con atención la tramitación de la iniciativa legal en el Congreso.

José Tomás Morel, gerente de Estudios del Consejo Minero, expresa que las empresas del sector “gestionan adecuadamente su energía, dada la importancia de la energía en los costos y el conocimiento sobre el consumo energético en los distintos procesos”.

Sin embargo, el ejecutivo advierte la necesidad de no apresurarse en los impactos esperados que contiene el proyecto, con ahorros de 5,5% a 7% entre 2030 y 2035, ya que “toda noción sobre potencial de eficiencia energética debería considerar que nuestro país desde hace años cuenta con una buena base para el uso racional de la energía: precios no distorsionados de los energéticos, apertura a los mercados externos y promoción de la competencia”.

Respecto a la implementación de sistemas de gestión de la energía, Morel asegura que comparten este medida, aunque aclara que “no se deberían exigir políticas internas, planes y metas exclusivas sobre gestión de energía, permitiendo que estas formen parte y se integren con el resto de las políticas, planes y metas de la empresa (ambientales, financieras, etc), puesto que el éxito de estos sistemas en gran medida depende de que, en vez de ser percibido como una imposición ajena al negocio de la empresa, sea parte de este”.

El ejecutivo señala que “los reglamentos de esta ley debieran requerir consulta pública previa y aprobación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, dado que afectan a sectores fuera del ámbito de acción habitual del Ministerio de Energía”.

Fuente: Electricidad